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La vivienda habitual del concursado persona física. Comentario al Auto 131/2018 Secc. 15º de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Hace algunas semanas en este mismo blog analizamos las características y la extensión que tras la modificación operada por la Ley 25/2015 de 28 de julio de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (popularmente conocida como Ley de segunda oportunidad); regulan el inicio y tramitación de los acuerdos extrajudiciales de pago en nuestro ordenamiento jurídico.

Una de las principales inquietudes (por no decir la que más) que tiene el deudor persona física a la hora de iniciar el complejo mecanismo para intentar la consecución de un acuerdo extrajudicial de pagos, es encontrarse con el escenario de una hipotética pérdida de su vivienda habitual.  No debe olvidarse que la finalidad en todo procedimiento concursal consiste en buscar la máxima satisfacción de los acreedores. Así las cosas, en caso de que el precio de la vivienda habitual sea inferior a su valor de mercado y su venta no suponga beneficio alguno para el resto de acreedores (ya que de esta no se obtendrá remanente para pagar sus créditos), supuesto que tampoco beneficia al banco (acreedor especialmente privilegiado) ya que lo que preferirá será que le sigan pagando “religiosamente” las cuotas con el fin de pagar la totalidad del préstamo; nos encontraríamos ante un supuesto incongruente con el “espíritu” y la finalidad de la legislación  mercantil. A este último caso nos referimos hoy con una resolución “pionera” en esta materia.

El Auto 131/2018 de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictado por los Sres. Magistrados D. Luis Rodríguez Vega, D. José María Ribelles Arellano y D. Manuel Díaz Muyor de fecha 16 de octubre de 2016; resuelve un recurso de apelación contra el auto de aprobación del plan de liquidación presentado por la concursada persona física, en el que se incluía entre los bienes a liquidar la mitad indivisa de la que se constituye como la vivienda habitual de la deudora. La concursada recurrente alega que la inclusión de la vivienda habitual en el plan es improcedente en base a 4 motivos:

-Las cuotas del préstamo hipotecario están siendo atendidas puntualmente a su vencimiento, es decir, el contrato con la entidad bancaria se está cumpliendo escrupulosamente.

 
-Que la liquidación vulneraria el art. 47 de la Constitución cuyo tenor literal es el siguiente:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Así como el art 45 b de la Ley 18/2007 de derecho a la vivienda  de la Comunidad Autónoma de Cataluña que establece:

“1. Todas las personas deben poder acceder a una vivienda y ocuparla, siempre que cumplan los requerimientos legales y contractuales aplicables en cada relación jurídica, sin sufrir discriminaciones, directas o indirectas, ni acoso.

3.Son objeto específico de la acción protectora a que se refiere el apartado 2 las siguientes situaciones y actuaciones:

b) La discriminación indirecta, que se produce cuando una disposición normativa, un plan, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral, un criterio o una práctica aparentemente neutros ocasionan una desventaja particular a una persona respecto a otras en el ejercicio del derecho a la vivienda. No existe discriminación indirecta si la actuación tiene una finalidad legítima que la justifica objetiva y razonablemente y los medios utilizados para alcanzar esta finalidad son adecuados y necesarios.”

-Que a tenor de lo previsto en el art. 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se  declaran inembargables el ajuar y otros bienes personales del deudor, por lo que si la recurrente es desposeída de su vivienda habitual perdería también esos bienes inembargables.

-Por último que la liquidación del inmueble también vulneraría el artículo 8 de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores.

El Tribunal una vez delimitados los términos de la controversia, argumenta que no es posible excluir de la liquidación la vivienda habitual, por integrarse conforme a la previsión del principio de universalidad en la masa activa a liquidar en sede concursal.  Como bien conocemos, la Ley Concursal precisa para la conclusión del procedimiento la liquidación de la totalidad de los bienes del deudor conforme al artículo 152.

Asimismo, el hecho de que en nuestro ordenamiento jurídico se contemple el fomento de las políticas de vivienda y que en el procedimiento concursal se proceda a la realización de la vivienda habitual, no infringe el artículo 47 de la Constitución. Este es un precepto dirigido en exclusiva a los poderes públicos que han de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho, así se ha pronunciado el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones.

Por otra parte y al hilo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores, para beneficiarse de lo dispuesto en esta, sería necesario que la persona física adquiriese la condición de “emprendedor de responsabilidad limitada” situación que tampoco ostenta la  concursada.

El debate se suscita en relación con el abono puntual del crédito hipotecario que grava la vivienda. El que se venga abonando con regularidad no excluye la liquidación. No obstante, el procedimiento concursal no impide que en la liquidación se fijen unos precios mínimos de ventas tal y como prevén los arts. 670.4º y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en el supuesto que analizamos se prevenían dos fases de realización diferentes: la primera de ellas con una venta por el valor de tasación y en la segunda de ellas una fase de subasta con posturas no inferiores al 70% del primer valor).

El Tribunal en el presente supuesto, teniendo en cuenta que el préstamo no se ha dado por vencido y que las cuotas se están abonando puntualmente, acuerda (previo traslado al titular del crédito y a los demás acreedores personados) que el bien no salga a subasta. El acreedor hipotecario no se opuso y es probable que estuviera más que interesado en que se mantenga vigente el crédito que se viene abonando a su vencimiento. La Audiencia determina por tanto que:  “La realización forzosa, por otro lado, tampoco beneficiaría al resto de acreedores. En estas circunstancias parece que lo más razonable es descartar la enajenación.”

A la vista de esta resolución podemos decir que empiezan a aflorar pronunciamientos donde los jueces y magistrados consideran que la venta de la vivienda habitual en el seno de un procedimiento concursal, cuando su valor en el mercado sea inferior a la deuda hipotecaria y el préstamo esté al corriente de pago, no beneficia a nadie.  Un importante cambio doctrinal que es objetivamente lógico y preferencial más aun para el acreedor privilegiado,  que buscará que se le sigan abonando los vencimientos correspondientes con el fin de pagar la totalidad de este.

Es muy importante contar con un asesoramiento cualificado y profesional en este tipo de procedimientos. En Daniel Pastor Abogados somos especialistas en Derecho Preconcursal y Concursal. Puede contactar con nosotros para gestionar una cita sin compromiso.

Autor


Antonio Montañes

Antonio Montañes

Área de Derecho de los Negocios DANIEL PASTOR ASOCIADOS