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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA NO ES CIENCIA FICCIÓN: CAPÍTULO I  

 

Esta saga, por utilizar terminología de cinéfilos, tiene como objetivo analizar de forma breve, concisa y sencilla casos concretos reales o realistas en los que podría terminar imponiéndose una responsabilidad penal a una persona jurídica.

La idea es desterrar así la extendida concepción de que esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la implantación de sistemas de prevención es algo que nada tiene que ver con la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas, cuyos responsables consideran que la posibilidad de que la Organización se vea implicada en un procedimiento penal y, en su caso condenada, resulta muy lejana e inverosímil.

Al mencionado planteamiento, y a las responsabilidades que al respecto tienen los administradores sociales tanto de derecho como de hecho, ya se dedicó una entrada anterior del presente blog que puedes leer pulsando aquí.

Esa concepción parte de un error de base: desconocer lo “excesivo” que en ocasiones puede llegar a ser nuestro Código Penal y ello a pesar de regir en este Derecho, y como principio, el de intervención mínima o última ratio –algo así como que debería reservarse su aplicación a la defensa de los bienes jurídicos protegidos más importantes y frente a los ataques más graves.

En la ya mencionada entrada anterior, se apuntaba que descenderíamos a la realidad diaria para describir situaciones comunes, decisiones empresariales frecuentes que, aunque nos parezca imposible, pueden suponer la realización de tipos delictivos que benefician a la persona jurídica y por los que esta puede responder. Ahí vamos con este primer capítulo dedicado al delito de frustración de la ejecución previsto en los artículos 257 a 258 bis y susceptible de generar responsabilidad penal a la persona jurídica de conformidad con el 258 ter:

Advertencia: Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Supuesto 1: Tras un largo procedimiento judicial de cuantía relevante se ha condenado a la mercantil de la que eres administrador. Antes de que se solicite la ejecución de dicha sentencia, decides poner ”a salvo” algunos bienes que estaban a nombre de la empresa y de los que ésta, sus socios o tú mismo no puedes prescindir. Para ello decides adjudicársela a un tercero -sociedad o persona física de cualquier forma vinculada- que te permitirá seguir haciendo uso de tales bienes a través de una cesión, de un arrendamiento o con cargo a una deuda preexistente (o incluso al propio precio de la transmisión).

¡Atención! Conducta potencialmente delictiva detectada: el artículo 257 CP proscribe expresamente este tipo de actos de disposición en la medida que dilaten, dificulten o impidan la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. La conducta descrita en el supuesto de hecho, hipotéticamente, bien podría resultar incardinable en el artículo del Código Penal mencionado.

 

Supuesto 2: Ha llegado un “papel del Juzgado”. Alguien de recepción ha firmado la notificación y lo ha recogido, entregándolo a quien cree que es la persona destinataria -jefa de administración y contabilidad- en este caso. Ella ya sabe que esa deuda que se reclama está ahí pero tiene pendiente verlo con dirección a ver cómo se va a actuar. Los días pasan y el “papel del Juzgado” queda olvidado en un cajón. El papel del Juzgado al que nos referimos es un requerimiento para aportar en el marco de una ejecución relación de bienes suficiente para cubrir la cuantía ejecutada.

¡Atención! Conducta potencialmente delictiva detectada: el artículo 258 CP castiga a quien en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo y habiendo sido requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio, o la presente de forma incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor. Pues bien, esa conducta tan simple y por desagracia frecuente que arriba hemos recogido como supuesto de hecho es claramente susceptible de verse enmarcada en la prohibición del Código Penal.

 

Supuesto 3: Un Juzgado de lo Social ha embargado la maquinaria y los vehículos de la empresa, así se le ha comunicado haciéndole saber que los bienes embargados quedan en depósito de la propia ejecutada con los deberes inherentes a dicho deposito conforme a la Ley. El tiempo pasa sin que se proceda al apremio y subasta de dichos bienes. Todos esos elementos están en uso, algunos de ellos incluso se han vendido para renovar la flota y las instalaciones. Por supuesto ninguna autorización al respecto se ha obtenido.

¡Atención! Conducta potencialmente delictiva detectada: el artículo 258bis que establece la prohibición de hacer uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito sin estar autorizados y ello siempre y cuando no se consideré que la actuación está prevista por otro tipo penal cuyas penas sean más graves.

 

Tres supuestos de hecho sencillos y fácilmente identificables con las conductas prohibidas en lo relativo al delito de frustración de la ejecución. Y si ocurre ¿será responsable la empresa?

Pues para ello, habrá que analizar si se cumplen los presupuesto del 31bis, que en síntesis y apriorísticamente, se cumplen teniendo en cuenta que las conductas descritas son cometidas en todos los casos por representantes o por trabajadores de la mercantil en el ejercicio de actividades sociales y, en los casos expuestos, existe un claro beneficio de la persona jurídica: evita una segura ejecución en el supuesto 1, la retrasa en el supuesto 2 y disfruta y saca provecho de bienes embargados en el supuesto 3.

Las conductas podrían evitarse implantando un modelo de prevención de riesgos penales que estableciera con claridad las obligaciones de la estructura social en el marco de procedimientos de ejecución y, si aun habiéndose implantado eficazmente y de conformidad con los requisitos legales, el sistema fallara en alguno de los supuestos; ahí es donde su existencia actuaría como un paracaídas y podría llegar a exonerar a la persona jurídica de cualquier responsabilidad.

En las próximas entregas, más. 

Autor


Pablo Dominguez

Pablo Dominguez

Gerente del Área de Derecho de los Negocios DANIEL PASTOR ASOCIADOS