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El Compliance Penal se configura como un conjunto de herramientas y procedimientos internos que da lugar a un modelo de organización y gestión empresarial orientado a la prevención de los riesgos penales. En palabras del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 316/2018, de 28 de junio (RJ/2018/3693) los programas de Compliance se definen como un “conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.” 

A raíz de la reforma del Código Penal del año 2015, se ha incrementado considerablemente la regulación en materia de prevención de riesgos penales susceptibles de comisión por las personas jurídicas. Si bien es cierto que en este texto se recogen una serie de medidas y procedimientos generales para la prevención de aquellos delitos, podemos encontrar otras normas más extensas en materia de protección de datos o blanqueo de capitales que establecen una serie de medidas destinadas a la prevención específica de ambos, mejorando la comprensión, implantación y ejecución de los programas de prevención.

Dentro de los delitos susceptibles de comisión por las personas jurídicas, encontramos los delitos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.  La reciente reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, mediante el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, ha supuesto la introducción de un marco regulador más riguroso y exigente para los sujetos obligados.

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Hace mucho tiempo que se habla, y mal, de lo que se conoce como “la huida del Derecho administrativo” concepto que, en síntesis, define aquella actuación a través de la que una administración pública evita la férrea y formalmente garantista regulación establecida por las normas de derecho administrativo mediante la creación de entes dependientes, no considerados administración pública a los efectos del régimen jurídico de su actuación.

Pues bien no es de derecho administrativo de lo que vamos a hablar hoy pero sí de otra huida cada vez más frecuente y no menos llamativa: la huida del derecho societario.

Las sociedades de capital, entre las que se encuentran la sociedad limitada y la sociedad anónima como fórmulas más frecuentes, se regulan legalmente por las normas establecidas en Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante LSC; y de forma interna por los Estatutos Sociales cuyo contenido mínimo se encuentra fijado en el artículo 23 LSC.

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El servido enfrentamiento entre los propietarios de viviendas turísticas ínsitas en edificaciones en régimen de propiedad horizontal y las comunidades de propietarios está viviendo un momento álgido, alimentado con la lamentable realidad de ciudades literalmente entregadas al servicio al turista, sin medida ni control que aseguren un turismo sensato y de calidad, y los propietarios de inmuebles, que tienen que soportar la carga implícita en su día a día de buen número de desconocidos usuarios de las zonas comunes, no siempre cuidadosos ni con los elementos comunes ni con las más elementales normas de convivencia.

Se trata, ni más ni menos, de la pugna entre por un lado el derecho a la propiedad privada del propietario de la vivienda turística, cumplidor además de los requisitos legales para la explotación del inmueble, que protege el art. 33 de la Constitución y que se concibe ampliamente, sin más limitaciones que las establecidas de forma expresa, legal o convencionalmente, y por otro el derecho de los comuneros a no verse privados o dificultados en el normal y adecuado uso y disfrute del inmueble y de sus espacios comunes.

El Tribunal Constitucional (SSTC de 21 de octubre de 1993 y 8 de marzo de 1999) estimó que en el régimen de propiedad horizontal la necesidad de compaginar los derechos e intereses concurrentes de una pluralidad de propietarios y ocupantes de los pisos justificaba la fijación, legal o estatutaria, de específicas restricciones o límites a los derechos de uso y disfrute de los inmuebles por parte de sus respectivos titulares, sin que ello pudiese afectar al art. 33 CE. El problema se suscita en los supuestos, más numerosos, en que el título constitutivo o los estatutos de la comunidad no contienen previsión expresa, ni prohibitiva ni limitativa, de este tipo de uso.

En estos casos, habiendo obtenido el propietario la autorización administrativa conforme a la normativa específica que establece la Comunidad Autónoma de que se trate (en Andalucía el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos) difícilmente puede ser impedido tal uso.
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En esta ocasión D. Fernando de Alcázar, Director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga y DñaPaloma Moreno Marín, socia-directora del despacho de Daniel Pastor y Asociados, comparten mesa en el “Gabinete de Economistas de la Cadena Cope” con los invitados: D. Daniel Pastor Vega, doctor, abogado, economista, auditor y presidente de la Cátedra de Viabilidad Empresarial , y D. Miguel  Ruiz Montañez, doctor, economista, ingeniero, escritor y Gerente de la Empresa Malagueña de Transportes.
 

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La Justicia europea obliga a los bancos españoles a devolver todo el dinero cobrado por las cláusulas suelo.
Esta mañana se ha conocido el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el que se obliga a los bancos a la devolución de las cantidades cobradas, como consecuencia de la denominada cláusula suelo, con retroactividad desde el inicio de la firma de la hipoteca y no sólo desde el 9 de mayo de 2013 como dictaminó el Tribunal Supremo.
 

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El Tribunal Supremo no ha podido más que dejar su brazo torcer, y someterse al dictado de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a la aplicación obligatoria de lo dispuesto en la normativa estatal, y en concreto en el Código Civil, respecto de los efectos de la nulidad de la cláusula suelo.
 
Así, ha condenado recientemente a una entidad financiera, esta vez a BBVA, a devolver lo cobrado por una de estas cláusulas, consideradas abusivas, durante toda la vida del préstamo.
 

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