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Es imposible negar que este es el año de la protección de datos personales: el 25 de mayo entró en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos; además, la aprobación de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales supone la adaptación y el desarrollo complementario del mismo.

Esta ley no solo eso, pues, ha introducido un título muy novedoso, el Título X: Garantía de los derechos digitales.

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Una de las cuestiones más frecuentes que gira en torno a los arrendamientos de vivienda es el concepto de fianza. Su comprensión resulta imprescindible tanto para el arrendador como para el arrendatario, pues, supone la asunción de una serie de garantías y obligaciones para ambos dentro de la relación jurídica establecida, además de configurar su ausencia como una de las causas tasadas de resolución de pleno derecho del contrato de arrendamiento por el arrendador.

El punto de partida no puede ser otro que la definición del concepto de fianza en virtud del artículo 36.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como un depósito obligatorio en metálico, equivalente a una mensualidad de la renta fijada, que debe efectuar el alquilado en el momento de la formalización del contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

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El Compliance Penal se configura como un conjunto de herramientas y procedimientos internos que da lugar a un modelo de organización y gestión empresarial orientado a la prevención de los riesgos penales. En palabras del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 316/2018, de 28 de junio (RJ/2018/3693) los programas de Compliance se definen como un “conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.” 

A raíz de la reforma del Código Penal del año 2015, se ha incrementado considerablemente la regulación en materia de prevención de riesgos penales susceptibles de comisión por las personas jurídicas. Si bien es cierto que en este texto se recogen una serie de medidas y procedimientos generales para la prevención de aquellos delitos, podemos encontrar otras normas más extensas en materia de protección de datos o blanqueo de capitales que establecen una serie de medidas destinadas a la prevención específica de ambos, mejorando la comprensión, implantación y ejecución de los programas de prevención.

Dentro de los delitos susceptibles de comisión por las personas jurídicas, encontramos los delitos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.  La reciente reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, mediante el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, ha supuesto la introducción de un marco regulador más riguroso y exigente para los sujetos obligados.

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