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Hace algunas semanas y al hilo de las novedades legislativas aplicables del Real Decreto-Ley 21/2018 de 14 de diciembre de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, ya realizamos un comentario en este mismo espacio en relación con las modificaciones que se habían producido de la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo que respecta a los plazos de vigencia de los contratos y su aplicabilidad a las firmas anteriores a este Real Decreto-Ley.

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Hace algunas semanas en este mismo blog analizamos las características y la extensión que tras la modificación operada por la Ley 25/2015 de 28 de julio de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (popularmente conocida como Ley de segunda oportunidad); regulan el inicio y tramitación de los acuerdos extrajudiciales de pago en nuestro ordenamiento jurídico.

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La Ley Concursal tal y como la conocemos hoy, desde su promulgación y en un periodo de más de 15 años, ha sufrido importantes modificaciones en su estructura y contenido. Estas responden en gran medida a la adaptación de la norma a las realidades del país. En su mayoría siempre se ha dirigido a “ayudar” a las sociedades de capital, relegando a un segundo plano a las personas físicas y a los particulares.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (popularmente conocida como Ley de segunda oportunidad); se pretendió por el legislador dar un “chaleco salvavidas” para encontrar una verdadera salida real a las situaciones de insolvencia que lamentablemente se plantean con cierta frecuencia en el tráfico económico-social y que anclan de manera determinante el futuro de los deudores.

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