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La Ley Concursal tal y como la conocemos hoy, desde su promulgación y en un periodo de más de 15 años, ha sufrido importantes modificaciones en su estructura y contenido. Estas responden en gran medida a la adaptación de la norma a las realidades del país. En su mayoría siempre se ha dirigido a “ayudar” a las sociedades de capital, relegando a un segundo plano a las personas físicas y a los particulares.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (popularmente conocida como Ley de segunda oportunidad); se pretendió por el legislador dar un “chaleco salvavidas” para encontrar una verdadera salida real a las situaciones de insolvencia que lamentablemente se plantean con cierta frecuencia en el tráfico económico-social y que anclan de manera determinante el futuro de los deudores.

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