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Hace mucho tiempo que se habla, y mal, de lo que se conoce como “la huida del Derecho administrativo” concepto que, en síntesis, define aquella actuación a través de la que una administración pública evita la férrea y formalmente garantista regulación establecida por las normas de derecho administrativo mediante la creación de entes dependientes, no considerados administración pública a los efectos del régimen jurídico de su actuación.

Pues bien no es de derecho administrativo de lo que vamos a hablar hoy pero sí de otra huida cada vez más frecuente y no menos llamativa: la huida del derecho societario.

Las sociedades de capital, entre las que se encuentran la sociedad limitada y la sociedad anónima como fórmulas más frecuentes, se regulan legalmente por las normas establecidas en Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante LSC; y de forma interna por los Estatutos Sociales cuyo contenido mínimo se encuentra fijado en el artículo 23 LSC.

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